La Legislatura cuestiona a la Justicia por detención irregular e ilegal de un joven sordo

La Cámara de Representantes de la provincia exhortó al Poder Judicial a revisar la causa de un joven declarado inimputable, y al que “le vulneraron todos sus derechos”, denunció la diputada Myriam Duarte.

POSADAS. La Legislatura misionera aprobó este jueves el Proyecto de Comunicación de la diputada Myriam Duarte, que solicita al Poder Judicial que revise de “manera urgente” la causa de José Daniel Melo, detenido irregular e ilegalmente, con el objetivo de lograr su inmediata libertad ya que, entiende, el detenido tiene sus derechos vulnerados por distintas acciones ocasionadas desde el Estado.
La exposición de los fundamentos del Proyecto sacudió la tranquilidad de la sesión de este jueves. Entre los diputados que intervinieron para acompañar el proyecto, se pronunciaron Martín Sereno: “Felicito a la diputada Duarte por cómo se ocupó de este caso, por como lo expuso y lo puso en discusión en el recinto. Coincido con ella en la gravedad institucional que conllevan todas estas acciones de acción y de omisión por parte del Poder Judicial, y también coincido con el diputado Escalada en que esta violación de derechos amerita juicio político a los jueces que actuaron en la causa, porque estos funcionarios no pueden seguir siendo parte del Poder Judicial”, reflexionó.
Mientras que el diputado Hugo Escalada destacó conmovido: “Hace mucho tiempo que no escuchaba una serie de violaciones de derechos tan grande de parte del Poder Judicial, un Poder sumamente cuestionado y con un fuerte blindaje mediático”, y consideró que el caso expuesto por Duarte amerita “el juicio político al juez que entiende en la causa de José Daniel Melo”, un joven detenido hace más de diez años, cuando era “menor de edad, iletrado, sordo e imposibilitado absolutamente de comunicarse con el mundo. Cualquier persona que haya estudiado derecho, que lo ejerza y mucho más un magistrado sabe que no puede hacer lo que se hizo. Esto es para echar a patadas al juez que está a cargo de la causa, y me hago cargo de ello, o sea alguien que sostuvo esta causa no puede despeñarse en el Poder Judicial de Misiones”, enfatizó.

Que se revisen todas las actuaciones
La iniciativa aprobada por todos los bloques parlamentarios este jueves, solicita que se revisen “todas las actuaciones en las que haya formado parte, la perito forense psiquiatra Norma Acosta, quien diagnosticó oligofrenia justamente en “un menor de edad, iletrado, sordo e imposibilitado absolutamente de comunicarse con el mundo”.
Myriam Duarte aseguró sentirse dolida, indignada y avergonzada por la estructura burocrática “capaz de someter a semejante sufrimiento a un ser humano que concita en sí todas las vulnerabilidades posibles”, y resaltó la intervención y el seguimiento de este caso por parte del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, y de la Comisión de Lucha Contra la Tortura de Misiones, que analizan expedirse a través de un comunicado conjunto.
“Si algo me enorgullece de esta provincia es que desde hace varios años se viene dando el permiso de revisarse a sí misma para modificar sus prácticas políticas, institucionales e incluso administrativas, empezando en 2007 con la creación del Ministerio de Derechos Humanos, lo mismo que el Área de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Comisión de Prevención de Tortura que está en marcha plenamente desde el año pasado, y desde ese momento se están ocupando de este caso”.

El caso del joven José Melo
En los fundamentos del Proyecto, la diputada Duarte expuso con crudeza la situación que motivó la presentación y su indignación. El documento expresa: José Daniel Melo nació sin audición. Vivía en Jardín América, con su madre, padrastro y su hermanita de 6 años. Salía con la madre habitualmente a vender chipas. Un día, a sus 9 años, José desapareció. Su madre lo busca insistentemente, espera que vuelva, hizo denuncias, y todo lo que estuviera a su alcance para encontrar a su hijo, cosa que nunca ocurre.
Seis años más tarde, esta madre ve en la televisión a su hijo, en noticieros, y se entera de que estaba vivo, en Posadas, y preso. No duda un instante, teniendo en cuenta las características de su personalidad. De excelente convivencia familiar, y en el barrio, donde era sumamente querido, y nunca tuvo ningún tipo de contratiempo ni problema de ninguna clase, ella estaba segura de que su hijo era inocente.
José fue denunciado, supuestamente, por un menor de 8 años, de haberlo golpeado y violado. En ese entonces el acusado tenía 15 años, en el año 2007, como bien lo expresa el número de expediente citado.
El niño es sordo, analfabeto, y no tuvo el tiempo ni la posibilidad de aprender lengua de señas cuando fue sustraído de su familia, razón por la cual no tenía manera de comunicarse con las personas a su alrededor, sólo sabía comunicarse con su madre y su hermanita, por esa comunicación maravillosa que sólo puede dar el amor.

Diagnosticado como oligofrénico
En estas condiciones, es decir, absolutamente imposibilitado de comunicarse, fue diagnosticado como oligofrénico por la perito forense que interviene en el expediente. “Habría que indagar en base a qué estudios clínicos y después de cuántas entrevistas se arribó a ese diagnóstico. Si se contó con algún tipo de auxiliares que facilitaran la comunicación, que para el caso no serían intérpretes de lengua de señas ya que el acusado, a quien llamaré víctima, las desconocía completamente”.
Una vez diagnosticado como oligofrénico, se lo dictaminó inimputable. “Estamos hablando de un menor de edad, discapacitado auditivo, y además diagnosticado con un cuadro de salud mental, por el que además la madre, que apenas toma conocimiento de la situación llega a Posadas para hacer la presentación correspondiente ante el Juzgado de Menores, pide por él, explicando que estaba absolutamente segura de que su hijo era inocente y que quería llevárselo con ella… sin embargo diez años después sigue preso”.
José es detenido a los 15 años. Es mal diagnosticado como oligofrénico, y declarado inimputable, a sus 16. Sin embargo y a pesar de los ruegos de su madre, cumplió sus 18 en el Penal de Menores. Y por supuesto, luego fue trasladado a la Unidad Penal VI. Su madre siguió pidiendo por él, hasta su fallecimiento en 2012.
Una vez cumplida la mayoría de edad, la causa pasó a manos del Juzgado de Instrucción Penal 2, a cargo del juez César Yaya, donde permanece en etapa de instrucción hasta la fecha.
José no sabe quién es su abogado defensor; la carátula del expediente interno del SPP, en el renglón que corresponde a la información del Defensor, la línea punteada se encuentra en blanco.

Desde el SPP piden al juez que saque al chico de ese lugar
“Es conmovedor ver la cantidad de solicitudes enviadas desde el Servicio Penitenciario, de sus distintos responsables a lo largo de estos años, reclamando, en algunos casos por medio de oficios, en otros con papeles manuscritos, explicándole al juez que en el Servicio Penitenciario no hay profesionales como los que requiere el tratamiento al problema de José, que debería estar en otro lado, que las condiciones edilicias tampoco son adecuadas, y que habitualmente deben resguardarlo de otros detenidos. Indirectamente están pidiendo insistentemente al juez que lo saquen de ahí”, se relata en la iniciativa.
Duarte explicó que leyó en los informes del personal del SPP, de evaluación conductual que se hace periódicamente de los detenidos, para determinar sus condiciones de convivencia. “Son todos impecables. Se deja muy claro que José se aísla, pasa mucho tiempo solo, y que no genera ni tuvo nunca conflictos ni con los internos ni con el personal. ¿Puede ser que una persona oligofrénica, en el transcurso de diez años no tenga un solo episodio que lo evidencie? ¿Aún en las condiciones que implica estar injustamente en una cárcel, totalmente abandonado de la mano de los hombres que deben velar por sus derechos (y los de todos)?”, se preguntó la diputada.

Hace 10 años que la causa que está en etapa de instrucción
Duarte determinó que “claramente se trata de un diagnóstico erróneo. Pero con o sin oligofrenia, ya no importa siquiera si fue culpable o no. Hablamos de una causa que está desde hace 10 años en etapa de instrucción, que el acusado en el momento de la acusación era menor de edad, que además fue declarado inimputable, de que nunca tuvo derecho a su debida defensa. Hablamos de denegación y retrado de justicia, de vulneración absoluta y total de sus derechos más básicos. Era un niño discapacitado en situación de extrema vulnerabilidad, que muy lejos de haber sido protegido, y tutelados sus derechos, fue vejado judicial y administrativamente por la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, de actores del Poder Judicial que solamente se ocuparon de punibilizar, sancionar, castigar; pero que no incluyeron dentro de la órbita de sus obligaciones, la garantía de los derechos constitucionales de los hombres mujeres y niños de esta provincia.
No olvidemos que José fue sustraído de su seno familiar, que no sabemos hoy qué fue de él entre sus 9 y 15 años, pero sin dudas no habrá sido una vida fácil. Y cuando llega el Estado a su vida, es solo para garantizar que todos sus derechos sean fieramente aplastados”.
La cadena de responsabilidades incluye a los jueces de Menores, de Instrucción 2, a la perito psiquiatra y los Defensores de ambos Juzgados.

José no quiere una celda más cómoda, necesita su libertad
La víctima vio en el transcurso de estos años, entrar y salir a decenas de criminales violentos, peligrosos, algunos sin purgar condena, otros condenados y purgadas sus condenas, entran y salen, mientras José no tuvo ni siquiera derecho a juicio. Obviamente es comprensible su enojo y decepción con el mundo, con todos los agentes del Estado que se acercaron a él ofreciéndole ayuda, entre ellos el Ministerio de Derechos Humanos y la Comisión de Prevención de la Tortura. Pero ya no espera nada de nadie.
El Servicio Penitenciario Provincial, le ofreció para la última navidad, llevarlo a Jardín América para que, en una celda, pudiera pasar la navidad con su familia. Él se negó rotundamente. Su hermana, hoy de 16 años, que también pide por la restitución de José, le propuso llevarle un televisor, o lo que él necesite para que esté mejor. Y él se niega. No quiere una celda más cómoda, quiere su libertad. Una dignidad a todas luces ejemplo para los indignos que lo mantienen en esta situación vergonzosa y vergonzante desde hace tantos años.
En el 2015 se inició en el Juzgado de Familia 1, un expediente por incapacidad. Hoy el juez a cargo de la causa penal, no lo libera porque aduce necesitar la sentencia por incapacidad. Una nueva indignidad. José no es incapaz. Es sordo.

Derechos Humanos y Comisión de Prevención deTortura en contacto con la causa
Como con todo derecho, se trata simplemente de trabas administrativas que tiene por objeto dilatar esta situación, para no reconocer que todos quienes tuvieron responsabilidades en el expediente penal, actuaron de manera incorrecta, o no actuaron.
Desde el Juez de Menores (César Raúl Jiménez) que recibió la causa, y siendo un niño con declaración de inimputabilidad, con una madre rogando por su hijo, lo mantuvo preso durante tres años. “¿Cuántos menores de edad permanecen tres años presos por una violación? ¿No se considera que un niño con prácticas sexuales es claramente un niño que fue víctima?, ¿no se preguntó nadie qué pudo pasar antes con ese niño, sordo y analfabeto, y solo en el mundo al momento de entrar en la picadora de carne que es el sistema penal?.
¿Dónde estuvieron sus defensores a lo largo de tres años como menor, y luego siete años más como adulto detenido por una supuesta infracción cometida a los 15 años? ¿Y sin juicio y sin posibilidad de defenderse?”, requirió la diputada Myriam Duarte.
En el transcurso de los últimos dos años, otros actores del Estado entraron en escena, tomaron el caso, comenzaron a visitarlo en el Penal, y están interactuando con el Juzgado y con todos quienes tienen algún rol “en esta indignante situación. Prometieron ayudarlo, y me consta que hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para sacarlo de allí, donde no debería estar un solo día más. Integrantes del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, así como de la Comisión de Prevención de la Tortura, están en permanente contacto con la causa, con su víctima y sus victimarios”.

No hay ningún argumento legal ni administrativo que avale su encierro
La legisladora sostuvo que “no hay ningún argumento legal ni administrativo que avale su encierro, teniendo en cuenta todo lo que el Estado, y particularmente el Poder Judicial misionero le debemos a este joven que no implique cambiar de manera directa de posición: uno afuera y los otros adentro. Nadie va a devolverle los años de vida dentro de esas instituciones, nadie va a devolverle jamás los años de lucha y tristeza de su madre, y el no haber podido compartir con ella sus últimos días. No hay forma ya en que alguna vez el Estado pueda pagar la condena que le cabe por haber vulnerado de manera tan atroz todos y cada uno de sus derechos. Ni siquiera podemos pedir un indulto al Gobernador, porque José no tiene condena”, enfatizó.

Digno accionar del personal del Servicio Penitenciario Provincial
Duarte resaltó, sin embargo, ante semejante tristeza y desazón, el rol “dignísimo y loable que tuvo en esta triste historia, el personal del Servicio Penitenciario Provincial. Siempre soy muy exigente con el rol de las fuerzas represivas del Estado, que como digo siempre, son personas habilitadas por el Estado a portar armar en defensa de la integridad y seguridad de sus conciudadanos, de allí la gravedad de cualquier incumplimiento o exceso en sus funciones.
Sin embargo, en este caso, ninguno de quienes tomamos contacto con la causa de José Daniel Melo, estaríamos luchando a brazo partido por su libertad, como lo estamos haciendo, si no fuera por la conducta excelente y sostenida en el tiempo de todos quienes tienen responsabilidades institucionales en el Penal.
Hicieron lo posible por dar cuenta en sus informes de que José tiene una conducta intachable, en absoluto conflictiva, para convencer al juez de que no debía estar ahí. Solicitaron expresamente reiteradas veces que ese lugar no tiene las condiciones para que el joven viva allí. Y alertaron a todos los actores del Estado con un claro mensaje: “Por favor, hagan algo, este chico no puede seguir acá”. Es así que quiero manifestar mi orgullo por el accionar de estas personas y hacerles llegar mi agradecimiento y reconocimiento”.

“No podemos legitimar que se vulneren derechos”
La diputada consideró que todos y todas las legisladoras de esta Cámara, “somos conscientes de las responsabilidades y obligaciones que nos confiere estar ocupando una banca como representantes del pueblo. Y que por lo tanto sabemos que la dignidad con que ejerzamos el cargo, tiene directa relación con los efectos de nuestro accionar en el ejercicio de las funciones hacis los ciudadanos de esta bendita provincia.
Sabemos también que en muchos temas podemos diferir en las perspectivas ideológicas, o en los criterios de aplicación de alguna norma, de acuerdo a diferentes miradas que tienen un trasfondo en la filosofía que impulsa nuestro pensamiento. Pero no tengo dudas de que en materia de derechos humanos, habrá coincidencia plena en la necesidad de revisar este caso, y de que José recupere su tan anhelada libertad, que es su derecho, y que es nuestro deber como representantes del pueblo”, exhortó.
Duarte insistió en que la independencia de Poderes no significa que cada uno hace lo que quiere.
“Independencia de Poderes significa que no existan vinculaciones que obnubilen la mirada o la sesguen, cuando se trata de analizar el accionar de un funcionario público, de carácter electivo o no, de cualquiera de los Poderes del Estado, para garantizar el correcto desempeño de nuestras funciones. Vivimos todos en este país y bajo un mismo ordenamiento jurídico. En este caso, en una provincia con un mismo ordenamiento procesal.
Y en este año, en que esta Cámara declama su mirada sobre la discapacidad por una sociedad inclusiva e integrada, no podemos permitir que nuestro año de la discapacidad, pase sin pena ni gloria, legitimando la situación de un discapacitado en semejante estado de vulneración de derechos”, advirtió la legisladora.